La propuesta de reforma constitucional es un nuevo atentado contra el funcionamiento democrático de nuestra sociedad tanto en la forma como en el fondo. En la forma, porque resulta escandaloso que sean las exigencias de los mercados las que lleven a PP-PSOE a forzar los plazos y procedimientos de un Parlamento elegido por el pueblo español, eludiendo el debate y el referendum.
En el fondo, porque quieren constitucionalizar la limitación de decidir de las administraciones públicas con el dogma del mercado: déficit cero.
Otra cosa es la racionalización del gasto (Senado, diputaciones, etc). Estos gastos deben desaparecer con independencia de la crisis y del deficit.
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